Ocho procesos informáticos del CNE se encuentran dispersos

El desarrollo de un proceso electoral en el Ecuador implica la coordinación de ocho sistemas informáticos, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). El problema central es que estos no están integrados en uno solo. El resultado final de una elección, según Enrique Mafla, nuevo Coordinador Nacional de Seguridad Informática del CNE, depende del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR), del registro de organizaciones políticas, de la fiscalización, del registro electoral, de cambios de domicilio, de consultas del lugar de votación, de los miembros de juntas receptoras del voto y de promoción electoral. Luego de que el proceso electoral del 24 de marzo del 2019 concluyera la semana pasada, el CNE quiere un cambio estructural en la gestión de estos sistemas informáticos. Mafla explicó que hay que cubrir el proceso de principio a fin, es decir es necesario un sistema integrado de información electoral. “Lo que existe ahora son sistemas aislados, inconsistentes entre sí. Hay varias bases de datos y en ese escenario es difícil ejercer un control”. Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que las últimas elecciones evidenciaron problemas con el actual sistema, que no ha sido mejorado desde hace 10 años. Mafla fue parte de la Comisión Técnica que evaluó el sistema de transmisión de los resultados de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de marzo pasado. Como parte de esa labor presentó un informe, en el que detalló los problemas que se evidenciaron durante los comicios. Entre otros, se encontró que los inconvenientes se originaron por una falta de planificación de capacidad del centro de datos alterno. También se realizó una prueba de carga que sobrepasó la capacidad de procesamiento de firewall (dispositivo de seguridad que permite monitorear el tráfico de red), que produjo la suspensión del proceso de replicación de la base de datos. Además, se detectó que el balanceador de la CNT -proveedora de la conexión a Internet- no disponía de la capacidad de procesamiento necesaria para implementar los tres servicios contratados. Esto afectó a todos los enlaces de comunicación, en particular al de servicios de replicación y publicación de resultados. Según el informe de Mafla, expuesto por el consejero del CNE, Luis Verdesoto, en su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo, la respuesta ante los incidentes no siguió los protocolos de actuación formales, previamente definidos y aprobados. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, y Verdesoto presentaron ayer un informe sobre supuestas irregularidades que se produjeron durante los últimos comicios. Uno de los problemas, dijo Pita, fue la debilidad de Sistema Informático de Transmisión de Resultados (STPR). Dicho sistema no controló que el número de sufragantes en las diferentes actas sea igual en una misma junta receptora del voto. Esto, según Pita, es el origen de las inconsistencias electorales detectadas. En el informe también se revela que el STPR no guarda registros de auditoría de los usuarios que cambian el estado de un acta de escrutinio de “acta en proceso de digitación o control de calidad a “acta con inconsistencia”. A decir de Pita, esta debilidad no permite conocer cuántas actas fueron cambiadas de estado por un usuario determinado. Por otra parte, ambos consejeros denunciaron que de las 3 188 actas recontadas en la Delegación del Guayas, 2 480 no cuentan con firmas de delegados de las organizaciones políticas. “Las organizaciones políticas no participaron en el escrutinio del 78% de actas. No hubo problemas solo en las últimas elecciones. En el borrador del examen especial que lleva adelante la Contraloría General del Estado al sistema informático del CNE, se menciona que para el procesamiento de información del registro electoral en las elecciones generales y consulta popular del 2017 no hubo una herramienta automatizada. La consecuencia de esto fue que en ambos procesos se incluyó a personas fallecidas, extranjeras o que no cumplieron con los años de residencia en el país y personas privadas de la libertad, con y sin sentencia ejecutoriada, y ciudadanos mayores a los 100 años de edad. También se establece en el borrador que no existieron controles de validación en el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR) de los votos, ocasionando que no se contabilizaran votos o que estos se asignen sin justificación a los resultados finales de los procesos electorales del 2017 y 2018. Este proceso empezará con una fase de diagnóstico. El objetivo es identificar las necesidades urgentes para implementar los cambios de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2021. Aún no se define un presupuesto para este cambio.

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Perito no retomará investigación del caso Gabela; la Fiscalía se encargará
Luego de que el perito Roberto Meza confirmara el pasado martes 2 de julio de 2019 que no retomará las investigaciones sobre el crimen del excomandante de la FAE Jorge Gabela, la Fiscalía General del Estado señaló que su personal ya está a cargo de la indagación. “En conjunto con la familia de la víctima se trabaja en una nueva línea de indagación orientada al esclarecimiento de los hechos a fin de llegar a los autores materiales e intelectuales del hecho y evitar la impunidad”, dijo Fiscalía. Además, aclaró que su personal dirige las investigaciones, “mientras que los peritos realizan las experticias que se solicita”. “En ese sentido no es técnico contar con peritos que pretendan dirigir una investigación y menos aún con informes incompletos que han sido cuestionados”. Según la Fiscalía, las pericias requeridas por la institución “no responden a intereses particulares ni a agendas de promoción de terceros”. Durante el correísmo, quien investigó el tema fue Meza y tras el fin de su trabajo aseguró haber entregado un tercer informe que demostraría que el asesinato de Gabela no tuvo que ver con delincuencia común, sino con las denuncias por la compra de los helicópteros Dhruv. Ayer, el perito argentino indicó que no retomará las indagaciones por falta de garantías técnicas que posibilite la reconstrucción del tercer producto, porque el tiempo transcurrido “favorece a la desaparición de las pruebas” y porque no se garantiza la seguridad de su equipo. Por eso, pidió disculpas a Patricia Ochoa, viuda de Gabela. “Sabrán entender que las razones antes expuestas imposibilitan el desarrollo de un trabajo de investigación de calidad, riesgo que no pretendemos asumir”. A finales del 2018, la defensa de Patricia Ochoa sostuvo que Meza llegaría en enero de este año y que la entonces fiscal encargada, Ruth Palacios, tiene comunicación directa con el profesional argentino.

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Expresidente del CNE transitorio pide ser recibido en la Asamblea

El expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, Gustavo Vega Delgado, solicitó a la Asamblea Nacional se lo convoque a comparecer para contribuir en el esclarecimiento de los hechos suscitados en la calificación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La solicitud está dirigida al presidente del Parlamento, el oficialista César Litardo, y la realiza en el marco del control político que ejecuta la comisión legislativa de Participación Ciudadana sobre la procedencia de la candidatura de  José Carlos Tuárez, quien ahora preside el Consejo de Participación Ciudadana.

“Con esta acción pretendo colaborar con el proceso de esclarecimiento de las situaciones registradas en el marco de las competencias del CNE, mientras duró mi gestión”, subrayó Vega.

La comisión de Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta Raúl Tello (del movimiento Unidos por Pastaza), inició esta semana una investigación sobre las denuncias públicas sobre supuestas irregularidades e inobservancias que se habría cometido en la calificación de la candidatura de Tuárez.

Hasta el momento, la comisión recibió en comparecencia a los consejeros del CNE, para recopilar las versiones sobre lo que sucedió alrededor de la calificación de la candidatura de José Tuárez, a quien se le cuestiona haber ocultado información respecto a su filiación política al Partido Socialista, y por ser  representante de la iglesia católica, lo cual está prohibido para ejercer el cargo de consejero del CPCCS. (I)

Fuente de información: https://www.lavozdeltomebamba.com/2019/06/28/expresidente-del-cne-transitorio-pide-ser-recibido-en-la-asamblea/

Siete propuestas para cambiar la Constitución se analizan en la Asamblea


Por lo menos siete propuestas para modificar la Constitución están en análisis del Parlamento, en cuyo Pleno se retomó el pasado jueves 27 de junio de 2019 el debate, sin que los asambleístas llegaran a un acuerdo sobre la ruta a seguir. Una de las iniciativas proviene del asambleísta Héctor Muñoz, de Suma, quien plantea una reforma parcial para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). De ese modo, las competencias para designar autoridades de los organismos de control como la Contraloría, Fiscalía General del Estado o Superintendencias regresaría al Parlamento. Mientras, el Consejo conservaría otras como investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Pero Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), considera que la vía para ese propósito debe ser otra: una enmienda constitucional. Ambos procedimientos están contemplados en los artículos 441 y 442 de la Carta Política, que fue aprobada en Montecristi, Manabí, y que está vigente desde 2008. En el caso de una enmienda -precisa la Constitución- puede darse “por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional”. Es decir, de 46 legisladores, bajo la condición, entre otras, que no afecte el carácter y elementos constitutivos del Estado. “El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero”, añade. Para su aprobación se requiere del respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Además de Andrade, por ese camino apuestan Elizabeth Cabezas (AP), extitular de la Asamblea; Jeannine Cruz, de Creo, y los proyectos de Jorge Yunda y Esteban Bernal, quienes renunciaron a sus curules el año pasado para participar de los comicios seccionales del 24 de marzo. Cruz plantea cambios a la distribución de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados como las prefecturas y municipios. Yunda, en cambio, propuso reducir el número de legisladores; y Bernal, nuevos mecanismos para luchar contra la corrupción. Para promover una reforma parcial, en cambio, la Asamblea Nacional debe arrancar por aprobar una resolución con la mayoría absoluta de sus integrantes (70 votos). Posteriormente, el tema requiere no únicamente de dos debates en el Pleno, sino que el proyecto de reforma aprobado sea sometido a un referéndum. Por esa vía, además de Muñoz, apuestan Mae Montaño (exCreo), en relación al financiamiento de los partidos políticos y a los requisitos que deben reunir para conservar su personería jurídica, y su excoideario Fabricio Villamar. Ayer ante el Pleno, Villamar pidió incluir otros temas al debate como el voto obligatorio, el número de legisladores o conferir mayor autonomía al Banco Central del Ecuador. ​ En tanto que el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), decidió convocar a una reunión de los proponentes y de los jefes de bancada para la próxima semana con el propósito de definir una propuesta y entregarla al Pleno. A su criterio, se debe conformar una Comisión Ocasional de cinco integrantes para que en 30 días defina la hoja de ruta a seguir. El asambleísta Muñoz sugirió, previamente, enviar el proyecto de enmienda o reforma constitucional a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde. Al calor del debate, el legislador Héctor Yépez, de Creo, propuso impulsar también una consulta popular sobre el matrimonio igualitario que fue aprobado por la Corte Constitucional el 12 de junio pasado. Aun así, su coideario Fernando Callejas replicó que las resoluciones del tribunal deben ser respetadas. “Tenemos que defender a la Corte”, dijo. Desde el grupo correísta, Marcela Aguiñaga enfatizó que “no se puede por consulta popular, consultar un derecho que les corresponde a las minorías para los que decidan las mayorías”. Al cabo de dos horas de debate, la sesión fue suspendida y Litardo advirtió que discutir los cambios constitucionales tomará varias reuniones. Por su lado, la Comisión de Fiscalización se reunió para empezar con el trámite de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud Verónica Espinosa, a quien Mae Montaño acusa de haber incumplido con las funciones. Espinosa renunció el lunes anterior a esta Cartera de Estado, pero la Ley le faculta a la Asamblea a continuar con el proceso de control político hasta un año después de su salida del cargo. Se trata del primer proceso de este tipo en la administración de Litardo, quien asumió como Presidente el 14 de mayo pasado con 78 votos de una coalición compuesta entre asambleístas de Alianza País, Creo y dos facciones de legisladores independientes

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